14/06/2023
Los ruidos de la zona, ubicada en las cercanías de una pista de aterrizaje, donde los ruidos silenciaban de manera parcial los disparos. Dado que el campo de tiro clandestino, se ubicaba cerca del aeropuerto Arturo Merino Benítez, en la comuna de Quilicura, en Santiago, Chile. La Policía de Investigaciones (PDI), llevó a cabo las investigaciones pertinentes.
Según los investigadores, el sitio de prueba subterráneo pertenecía a Juan Pablo Ruiz, también conocido como El Vengador.
Ruiz llamó la atención del público en 2017 después de que él y un amigo se hicieran pasar por PDI y caminaran por las calles de Santiago, detectando a los atacantes y arrestándolos. Se llamaban a sí mismos los Vengadores.
Con el paso del tiempo, Juan Pablo Ruiz se reinventó y montó su propia empresa de seguridad en la que ofrecía cursos de tiro en un campo de tiro que no estaba permitido.
La acusación alega que él fue quien alquiló el campo de tiro, así como las armas, a ciudadanos venezolanos, incluido un ex policía y otro ex miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, que no tenían estatus migratorio en Chile. Ofrecieron cursos básicos de tiro a través de una empresa a la que llamaron V-Raptor Training.
Se constató que uno de los V-Raptors estaba vinculado a algunos de los detenidos por un robo en el que estos perpetradores iban a practicar tiro al inmueble, dijo en un informe difundido el comisario Carlos Muñoz de la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI. según T13.
Prosede, la empresa que fundó Ruiz, también ofreció cursos avanzados de tiro gratuitos a carabineros y funcionarios de la PDI. E incluso cursos de tiro sobre la marcha, desde el coche.
El 10 de junio, en un allanamiento, la JPI detuvo a Ruiz, ciudadanos venezolanos y todos los asistentes al último curso: 15 policías y otros 5 civiles que ahora son considerados testigos del caso.
Las armas incautadas incluyeron un rifle ordinario, tres rifles de airsoft, dos rifles regulares y un rifle de airsoft, balas de varios calibres, cargadores, cascos, chalecos antibalas, gafas, blancos de tiro, etc.
En las redes sociales de ambas empresas se puede ver cómo a hombres y mujeres se les enseñó a disparar, e incluso realizaron cursos con la invitación de instructores extranjeros de Brasil y Argentina.
La fiscal Tanya Sironvalle, jefa del departamento de análisis e investigación criminal de la Fiscalía del Distrito Centro Norte, explicó que dicho vertedero operaba a través de dos empresas legalmente registradas, Prosede y V-Raptor, que brindaban servicios de seguridad. El polígono, que no tenía permiso de trabajo, alquilaba armas para entrenamiento y vendía municiones.
Guillermo Gálvez, titular de la Autoridad Nacional Antidrogas y Crimen Organizado, dijo que se abrió una investigación administrativa contra tres policías civiles que frecuentaban el campo de tiro. Según él, esta era una actividad prohibida, porque la institución tiene todas las condiciones para poder realizar todos los años estos tiroteos.
El fiscal agregó que se establecerá si los representantes de la policía y los carabinieri compraron municiones a Juan Pablo Ruiz, lo que cambiaría su calidad de testigos en el caso a los imputados.
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